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Rerum Novarum. Una Encíclica muy actual en el análisis de la cuestión social.


 

José Mª Sánchez Sánchez

 

Profesor, Trabajador Social y Máster en Mediación. Universidad de Murcia (España).

 

 

INTRODUCCIÓN:

Resulta curioso que una encíclica del año 1891 escrita por el sumo pontífice León XIII, en la que se imparte doctrina sobre la situación que vivía la sociedad obrera de la época, sea tan actual y aplicable en el momento en el que vivimos.

Si analizamos este insigne documento pastoral, así como otros elaborados por este gran visionario, caeremos en la cuenta de cómo debemos abordar el eterno conflicto que subyace de la llamada “cuestión social”.

Este Papa, no solo desarrollo su doctrina en el análisis de la situación que vivía la clase obrera de la época, sino que dibujó las líneas maestras sobre temas tan capitales para el hombre, como el fundamento de toda sociedad humana, que es la familia, el sacramento del matrimonio, tan despreciado en la época actual, sobre el origen del poder civil, sobre los deberes de los ciudadanos y la libertad del hombre por encima de todo planteamiento económico y político.

La encíclica Rerum Novarum, es especial ante todas las demás, ya que aporta al género humano, las normas más fiables para la consecución de la “paz” y poder asentar los cimientos necesarios para la construcción de un nuevo orden social que confronte y supere los problemas de convivencia resultantes de “la cuestión social” y del enfrentamiento entre los que poseen el capital y los que “solo” tienen la fuerza de su trabajo.

En el siglo XIX coincidiendo con la irrupción de un nuevo sistema económico y con la polarización de la sociedad humana, en dos clases: una poseedora de la casi totalidad de los bienes de la época y otra cada vez más precaria y excluida, cuya única razón de ser, era liberarse del yugo que los primeros les imponían, apareció esta Carta Encíclica, en la que proclamaba con total valentía “los derechos y deberes a que han de atenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo” (Rerum Novarum, 1), así como cual es el papel de la Iglesia y de los poderes públicos.

Además existe durante todo el desarrollo de este planteamiento doctrinal, un tema se suma importancia en el momento actual, que no es otro que la defensa de la “familia” como primer agente socializador de persona y “germen” de toda sociedad conocida.

El Papa Juan Pablo II, nombrado beato hace ya algún año, afirma en su encíclica “Sollicitudo Rei Socialis” (1987), que León XII, por medio de la Rerum Novarum, dio comienzo en la Iglesia a la creación de un cuerpo doctrinal, que buscara soluciones a los problemas del hombre, al desarrollo de los pueblos, a la justicia social, y en definitiva a instruir a los hombres en el descubrimiento de que son ellos los que verdaderamente tienen que contribuir a la creación de una sociedad que viva en comunión y no en permanente conflicto.

 

1. APORTACIONES DE LA “RERUM NOVARUM”.

Si repasamos los beneficios y aportaciones que se han producido desde la irrupción de esta encíclica, constataremos que la importancia de la misma ha sido capital para el desarrollo de las naciones y las posteriores doctrinas sociales elaboradas por la Iglesia y otras corrientes de pensamiento.

Las novedades fundamentales de la esta obra pueden quedar agrupadas en tres espacios principales:

                                           I.              El reto de la Iglesia ante la cuestión social.

                                        II.              El papel del Estado.

                                       III.            El comportamiento de las partes interesadas en el conflicto.

 



 

    1.1. EL RETO DE LA IGLESIA ANTE LA CUESTIÓN SOCIAL.

Como punto de partida, León XIII señaló que la Iglesia durante toda su historia ha sido la única capaz de acabar con el sufrimiento del hombre o hacerlo más soportable por medio de el ejercicio de la caridad, pilar fundamental de la vida cristiana. Este hecho es constatable en el momento actual, si analizamos la situación de un gran número de personas que desprotegidas y desamparadas por los poderes públicos, se refugian y fían sus necesidades de alimento, vestido, vivienda, salud, etc,  a las Instituciones y Organizaciones de la Iglesia Católica que en un ejercicio de responsabilidad y reconocimiento del “otro” como persona y superior al resto de la creación, deciden compartir la carga de numerosas familias que atraviesan las más duras situaciones de exclusión y pobreza.

Si repasamos la historia de la sociedad actual, nos daremos cuenta que la doctrina social y económica que ha promulgado la Iglesia Católica, por medio de los diferentes Papas, ha ido siempre en defensa de los más pobres y desprotegidos de la sociedad, realizando siempre una denuncia de la distribución justa de las riquezas y el reconocimiento de la persona por encima de las cuestiones político- económicas de cualquier régimen conocido.

Una de las afirmaciones que fundamentan todo el análisis del estado de la cuestión social y del conflicto de clases que subyace del mismo, es que tal como afirma el mismo León XIII “Es mal capital, en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en el perpetuo duelo….: ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital”. (Rerum Novarum, 14).

Este planteamiento, aunque parece sencillo resume de manera muy acertada, cual es el problema del hombre, cuando cegado por la codicia no acepta el papel que tiene que desempeñar en la sociedad que le ha tocado vivir y focaliza su objetivo en la búsqueda de la riqueza y en la confrontación como la solución a los problemas sociales que aparecen en el desarrollo vital de cualquier pueblo.

La solución que se aporta en esta encíclica al conflicto de las clases sociales enfrentadas, pasa por el llamamiento al cumplimiento de sus deberes respectivos, respetando los términos de la justicia social.

 

De esta manera podría lograrse que los dueños del capital, no consideren meros instrumentos de producción a los trabajadores, sino que dignifiquen su posición como asalariados y refuercen aquellas carencias que se pudieran producirse en otros espacios vitales de la persona, velando de una manera especial porque el trabajo que tenga que desarrollar cualquier persona no sea superior ni a sus fuerzas ni capacidades y que se adecue a su sexo y edad.

Otra aportación en este sentido es la protección del más débil, ya que “han de evitar cuidadosamente los ricos, perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios, ni con violencias, ni con engaños…., mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada”. (Rerum Novarum, 15).

Tras la aparición de Rerum Novarum, muchos Papas han profundizado en los conflictos que se producen en la sociedad humana y en todo lo relativo a la “cuestión social”.

Así Pablo VI, declaró en la “Populorum Progressio” (1967), la universalidad del problema de la “cuestión social” y de los conflictos que se derivan de ella (lucha de clases, subdesarrollo de sociedades, etc.…), ya que según las palabras de la misma Encíclica “cada uno debe tomar conciencia” de este hecho, precisamente porque interpela directamente a la conciencia, que es la fuente de las decisiones morales.

Por lo tanto para enfrentarnos a la solución de la llamada cuestión social, los responsables de la política, los ciudadanos y el resto de agentes sociales, tienen la obligación moral de tener en cuenta en las decisiones que tomen, este carácter universal y dependiente del problema que subsiste entre la forma de comportarse de unos con el subdesarrollo de otros.

 

1.2. EL PAPEL DEL ESTADO.

En este apartado, trataremos de sintetizar de manera clara, qué respuesta debe esperarse del Estado, ante el fenómeno del la lucha de clases, la cuestión social, el desarrollo de los pueblos, y demás cuestiones objeto de este artículo.

Parece de sentido común, que la misión del Estado es relativamente sencilla, ya que lo único que se espera de los que gobiernan es que cooperen con la fuerza de las leyes que producen, en la creación de una sociedad, de la cual nazca espontáneamente la prosperidad del hombre, de su familia y por tanto de la sociedad que les rodea, ya que esta es la misión del servicio “público” que lleva intrínseco la política y el deber de los gobernantes que la forman.

Debe tenerse en cuenta que el Estado como “padre” de los miembros de una sociedad, debe preocuparse por todos sus “hijos”, pero en el ejercicio de su responsabilidad como “padre”, debe poner especial interés por aquellos “hijos” más débiles o desprotegidos.

Así aunque todos somos ciudadanos y debemos contribuir al bien común de la sociedad, esta aportación no debe ser igual para todos, ya que no todos poseemos lo mismo. Por lo que para que exista una sociedad equilibrada y justa, las autoridades públicas tienen que asegurarse que los más débiles de la sociedad reciben algo de lo que aportan al bien común, asegurando así los derechos fundamentales de  alimento, vestido, sanidad, vivienda,  y educación. De esto se desprende que los gobiernos deben fomentar aquellas prácticas que resulten favorables a la clase trabajadora y a los más vulnerables de la sociedad.

Aunque hay que tener en cuenta que ningún individuo ni familia debe ser absorbido por la intervención del Estado, ya que hay que dejar a cada uno la libre facultad de actuar hasta donde le sea posible, sin que esta libertad dañe a nadie y no ataque el bien común de la sociedad. Esto no quiere decir que el Estado permanezca impasible ante las situaciones de injusticia o las de desamparo que sufren algunas personas, que bién por su historia o bién por su falta de competencias y recursos no son capaces de procurarse lo suficiente para el desarrollo de una vida digna.

Por lo tanto el Estado debe anticiparse a los conflictos de clases que puedan producirse en situaciones futuras, elaborando leyes y desarrollando políticas que defiendan los derechos de los débiles, las familias y de aquellos que sólo poseen la fuerza de su trabajo.

En cuanto a las protecciones que debe ofrecer el Estado debemos poner especial interés en mencionar a la familia, ya que esta es el núcleo fundamental de toda sociedad conocida y es el “sistema” en el que toda persona se prepara para las exigencias de la vida futura y el que te da soporte en las situaciones de dificultad.

Así León XIII afirma que la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdaderamente sociedad y más antigua que cualquier otra, es de absoluta necesidad que posea unos derechos y unos deberes, totalmente independientes de la potestad civil (Rerum Novarum, 9).

Si los ciudadanos de cualquier sociedad, si las familias participes en la convivencia y sociedad humanas, encontraran en los poderes públicos perjuicio en vez de ayuda, un cercenamiento de sus derechos más bien que una tutela de los mismos, la sociedad resultante, más que deseable, sería digna de repulsa (Rerum Novarum, 10).

Resulta alarmante ver como en las últimas décadas, uno de los principales objetivos de muchos gobiernos ha sido controlar la natalidad por medio de la difusión de agresivas campañas en contra de ella y del papel de la mujer dentro de cualquier familia, en contra de la identidad cultural y religiosa de la sociedad a la que ataca y coartando de una manera cobarde la libertad de decisión de las personas afectadas, con el fin de someterlas a esta nueva forma de opresión y control injustificado.

Desde la DSI, este hecho es totalmente condenable ya que la Iglesia reconoce al hombre y por extensión a la familia, como aquello que está por encima de todo y como núcleo inviolable.

Así el Papa Juan Pablo II en su encíclica Sollicitudo Rei Socialis (1987), recoge: “no se puede negar la existencia –sobre todo en la parte Sur de nuestro planeta- de un problema demográfico que crea dificultades al desarrollo. Es preciso afirmar enseguida que en la parte Norte este problema es de signo inverso: aquí lo que preocupa es la caída de la tasa de natalidad, con repercusiones en el envejecimiento de la población, incapaz de renovarse biológicamente. Fenómeno éste capaz de obstaculizar de por si el desarrollo. Como tampoco es exacto afirmar que tales dificultades provengan solamente del crecimiento demográfico; no está demostrado que cualquier crecimiento demográfico sea incompatible con un desarrollo ordenado”.

 

1.3. EL RETO DE LAS PARTES INTERESADAS EN EL CONFLICTO.

Si realizamos una revisión histórica desde la fecha en la que se público la Rerum Novarum, hasta nuestros días podremos comprobar que independientemente del desarrollo industrial, de las leyes que existieran, del color político que gobernara, y de otros muchos factores que afectan al funcionamiento de cualquier sociedad, caeremos en la cuenta, que aunque parezca algo simplista “la cuestión social”, puede quedar resumida en la confrontación entre los que poseen los medios de producción y los que poseen la fuerza de sus manos.

Muy acertadamente León XIII, demuestra en la encíclica que los patronos y los mismos obreros tienen mucho que hacer en la solución del conflicto que subyace de la “cuestión social”, dando especial protagonismo a las asociaciones que aparecieron en la época, ya sean de obreros, empresarios, o ambos juntos, ya que son estas las que pueden acercar una clase social a la otra.

Estas se han de construir y gobernar de tal modo que proporcionen los medios idóneos y convenientes para el fin que se proponen, consistente en que cada miembro consiga de la sociedad, en la medida de lo posible, un aumento de los bienes del cuerpo, del alma y de la familias. (Rerum Novarum, 42).

 

 

2. DOCTRINA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA IGLESIA: UNA ALTERNATIVA AL CONFLICTO.

             Aunque es cierto que la misión fundamental de la Iglesia no es ocuparse de la felicidad caduca y temporal, sino de la eterna. No puede mostrarse indiferente ante cuestiones morales tan importantes para el correcto funcionamiento de la sociedad y de la dignidad de las personas y familias que la forma.

             Así en este apartado vamos a resumir de manera clara cuál es la enseñanza que la Iglesia hace sobre cuestiones como:

a)      El derecho de la propiedad.

b)      El Capital y el trabajo.

c)      El salario como retribución justa de un trabajo.

d)     El orden social.

 

A)EL DERECHO DE LA PROPIEDAD.

             La Doctrina Social de la Iglesia siempre ha defendido el derecho de la propiedad privada, incluso la de los medios de producción, como algo legitimo al hombre y que debe ser adquirida por los frutos del trabajo de este. Afirmando y no en pocas ocasiones, que la supresión de este derecho o su transformación en la propiedad del colectivo es una completa ruina para la clase trabajadora y constituye la más importante de las  injusticias sociales.

             Este derecho defendido por la Iglesia, se aparta radicalmente de cualquier idea  “colectivista”, proclamada por las corrientes marxistas. Al mismo tiempo esta posición de la Iglesia se diferencia del programa del “capitalismo” y del “liberalismo”, ya que esta no defiende la propiedad privada como un derecho que se encuentre por encima del hombre, sino que es esta, la que tiene que estar al servicio de la persona y por tanto de su trabajo.

             De esta manera, el derecho de la propiedad privada, debe entenderse con un doble carácter. Por un lado debe concebirse como el medio por el que los individuos pueden atender a sus propias necesidades y a las de su familia y por otro lado debe servir, por medio de la “familia”, para que las propiedades individuales se hagan extensibles al resto de la sociedad.

             Para que esto se produzca, la sociedad no debe caer en el error de negar el carácter social y público que lleva intrínseco el derecho a la propiedad, ya que si esto ocurriera, los miembros de la sociedad caerán en el más extremo “individualismo”. De igual modo, tampoco se debe renunciar al carácter privado de este derecho, ya que nos llevará a cometer errores pasados de los sistemas “colectivistas”.

             Por tanto, si ambos extremos no funcionan, debe buscarse la solución en el reconocimiento del la propiedad como algo individual y justo (pues es adquirida por el trabajo de uno mismo) y que debe de servir de herramienta de construcción del bien común, ya que la propiedad debe estar en función del hombre y no el hombre en función de la propiedad. Por lo que el derecho de la propiedad se distingue de su ejercicio (Rerum Novarum, 10).

             De todo esto se entiende que los hombres deben tener en cuenta en la propiedad y el ejercicio de este derecho, no solo su particular utilidad, sino también el bien común. Además debe tenerse en cuenta que cuando este extremo no sea posible o esté en peligro es misión capital del Estado velar por el bien común.

             Ahora bien, está claro que al estado no le es lícito desempeñar este cometido de una manera arbitraria, pues es necesario que el derecho natural de poseer en privado y de transmitir los bienes por herencia permanezca siempre intacto e inviolable, no pudiendo quitarlo el Estado (Pio XI, Quadragesimus Annus, 1931), porque “el hombre es anterior al Estado” (Rerum Novarum, 6) y también “la familia es realmente anterior a la sociedad civil” (Rerum Novarum, 10).

 

B) EL CAPITAL Y EL TRABAJO.

Es necesario afirmar que ningún pueblo o sociedad conocida ha llegado desde la miseria a una mejor y elevada posición económica, si no es por el enorme esfuerzo del trabajo acumulado por los ciudadanos, tanto de los que lo dirigen como de los que lo ejecutan.

El Papa León XII ya afirmo en el año 1891 que “es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros (Rerum Novarum, 27). Por lo tanto a no ser que una persona realice su trabajo algo propio, capital y trabajo deben ir siempre de la mano, pues como las dos caras de una moneda ninguna parte puede existir sin la otra.

Es cierto que en el último siglo la relación entre capital y trabajo, siempre se ha mostrado desde el conflicto entre “la esfera capital” y “la esfera del trabajo”, es decir, entre el grupo reducido, pero poderoso de los empresarios o dueños de los medios de producción y la inmensa mayoría de gente que participa en el proceso productivo ofreciendo su fuerza de trabajo a los empresarios, que guiados por la codicia y la búsqueda del máximo rendimiento, tratan de establecer el salario más bajo para el trabajo realizado.

Este conflicto que en origen se reducía a un problema socio-económico con algún matiz de “clase”, ha terminado por convertirse en el elemento detonador de todo el enfrentamiento que deriva de la “cuestión social”, en el que, la lucha del liberalismo, entendido como ideología del capitalismo, y del marxismo, entendido como ideología del socialismo, han abierto una brecha que separa a la sociedad en dos mitades sin nada en común.

Ante esta realidad actual y analizando el problema de la cuestión social que se produce por el conflicto entre trabajo y capital, hemos de afirmar que la Doctrina Social de la Iglesia ha dado siempre prioridad al trabajo por encima del capital.

 

El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, reconoce la supremacía del trabajo frente al capital, respecto al cual el trabajo “es siempre una causa eficiente primaria, mientras el <<el capital>>, siendo el conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental. Este principio es una verdad evidente, que se deduce de toda experiencia histórica del hombre (Laborem Exercens, 1981).

Con esto no pretendemos demonizar al “capital”, ya que ambas partes del conflicto (trabajadores y empresarios) comenten excesos o muestran pretensiones injustas.

Por un lado el empresario reivindica para sí todo el rendimiento, la totalidad del producto, dejando en muchos casos al trabajador lo mínimo necesario para restituir las fuerzas. Mientras que por el lado del trabajador se le engañaba con que la propiedad del producto final es del que la ha producido con el esfuerzo de su trabajo, dejando para el capital lo único imprescindible para amortizarse y restituirse.

Ambos extremos son injustos e irrechazables ya que al final, el problema se encuentra en luchar por ser la “clase social” dominante y dueña de las riquezas resultantes del trabajo. Quizás esto sea el motivo por el que los sistemas puramente capitalistas o puramente socialistas, están condenados al fracaso, tal y como la historia del hombre se ha encargado de demostrar.

Por todo lo anterior, es necesario que las riquezas, que se van aumentando constantemente por el desarrollo económico-social, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres, de modo que quede a salvo esa común utilidad de todos, conservándose inmune a toda enfermedad el bien común de toda sociedad.

 

C) EL SALARIO COMO JUSTA RETRIBUCIÓN  DE UN TRABAJO.

El salario surge como consecuencia natural del arrendamiento de  la fuerza del trabajo entre empresario y trabajador. Esta retribución justa del trabajo realizado representa uno de los pilares sobre los que se sustenta la histórica lucha de clases. No existe en el tiempo actual una manera más justa de establecer la relación contractual entre “el capital” y “el trabajo”. Independientemente del hecho de que este trabajo se lleve a cabo dentro de la propiedad privada de los medios de producción o en un sistema económico que haya provocado la “socialización” de los mismos , la relación entre el empresario y el trabajador se resuelve en base al salario; es decir mediante la justa remuneración del trabajo realizado.

El tema del salario no sólo afecta a las trabajadores como seres individuales, sino que en función de este, queda determinado el nivel de bienestar y de desarrollo de la familia que le rodea. Por tanto una justa remuneración del trabajo realizado por una persona que tiene responsabilidades de familia es la que resulte suficiente para fundar y mantener dignamente a la misma y asegurar un futuro.

   Está claro que el trabajo, es condición indispensable para la creación de una unidad familiar, cuyos medios de subsistencia se obtienen por medio de un empleo y la retribución de un salario. Y no solo eso sino que como marca la DSI,  “una familia afectada por la desocupación, corre el peligro de no realizar plenamente sus finalidades”.

             En contra de las opiniones de los poderes progresista y políticos de nuestro tiempo, desde hace muchísimo tiempo la Iglesia defiende un sistema económico, en el cual cada una de los sistemas familiares que conforman la sociedad, tengan acceso a un trabajo que le reporte no solo lo suficiente para la vida, sino que le de cierta capacidad de ahorro.

             Este planteamiento revolucionario, si lo miramos desde el prisma de lo económico de la política que se aplica, está reflejado en el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, concretamente en el punto 250, por el que se establece textualmente que “para tutelar la relación entre familia y trabajo, un elemento importante que se ha de apreciar y salvaguardar es el salario familiar, es decir, un salario suficiente que permita mantener y vivir dignamente a la familia. Este salario debe permitir un cierto ahorro que favorezca la adquisición de alguna forma de propiedad que favorezca la libertad”.    

             Quizás todo esto no resulte muy “correcto”, en los momentos actuales, ya que los poderes políticos y la opinión pública se encarga de bombardearnos con ideas, cuyos resultados no demuestran que sean para el bien de la sociedad, ya que cada vez hay mayor números de hogares desestructurados, mayor número de niños con problemas identitarios, por la pérdida del referente en el seno de la familia, personas (tanto hombres como mujeres), que en su afán de conseguir mayores ingresos y en la búsqueda de una vida más acomodada, olvidan cual es su papel y obligación como creadores del plan de Dios.



Si las Políticas Sociales y todos los agentes que la forman pusieran el foco de atención, en la consecución de una renta suficiente para cada una de las familias en los términos que siempre ha defendido la Iglesia y su Doctrina Social, sería posible reconocer el papel fundamental que la mujer tiene en los hogares familiares. Estas funciones están orientadas al servicio de proporcionar una calidad y calidez de vida a todos los miembros, incluida ella misma, y que como aparece en la DSI debe tener un reconocimiento social y laboral incluso con una retribución mensual semejante a la de otras labores.

En el 1931 el Papa Pio XI con gran sabiduría redactó la encíclica Quadragesimus Annus, en la cual, profundizó en el concepto del “justo salario” que un obrero debe percibir por su trabajo, llegando a la afirmación que este no se puede establecer en términos de justicia social si no se tienen en cuenta tres aspectos fundamentales del mismo:

a)      Sustento obrero  y de su familia:Ante todo el salario debe estar fijado de manera que alcance a cubrir el sustento suyo y el de su familia, ya que sin querer ofender a nadie resulta horrendo que la mujer no tenga libertad  de decisión a la hora de elegir un desarrollo laboral fuera del hogar, y que esta decisión esté coaccionada en gran medida por los mediocres recursos económicos que provienen de la otra parte del hogar familiar. Hay que luchar, para que los padres de familia reciban un sueldo acorde a las necesidades domésticas y si esto no fuera posible, es deber de los poderes políticos complementar o restituir lo necesario para que así sea.

b)      Situación de la empresa: A la hora de establecer la remuneración salarial de cualquier trabajador, es parte importante a tener en cuenta las condiciones de la empresa y del empresario que adquieren el arrendamiento de la fuerza del trabajo, ya que resulta injusto reclamar salarios en cantidades que no pueden ser soportadas por las empresas. Teniendo en cuenta la actual crisis económica resulta “justo” que todas las partes implicadas realicen el esfuerzo de contribuir al bien común, de manera que el peso de la carga resulte lo más liviano posible para todos.

c)    Necesidad del Bien Común;  Ya hemos indicado lo beneficioso que resultaría para el momento actual que trabajadores y empresarios aporten algo de sus ganancias (salarios y beneficios empresariales) una vez cubiertas sus necesidades.

Esto no basta para solucionar el problema actual, ya que si los que tienen la potestad de dar oportunidades de empleo, no las crean, los que tienen el derecho, el poder y las ganas de ejercer una profesión, nunca tendrán acceso a la Justa retribución de un trabajo.



 

             D) EL ORDEN SOCIAL.

             Se sabe que el llamado “liberalismo económico” o sistema capitalista, nace como concepto económico y social contrapuesto al “socialismo” o “comunismo”. Pero a luz del análisis de los documentos de la Iglesia y de grandes pensadores de distintas épocas de la historia, debemos reconocer que todo sistema económico y social está condenado al absoluto fracaso, en el momento de que el hombre, como ser supremo de la creación se equipara en importancia a los medios materiales de producción, como si fuera un instrumento al servicio de cualquier sistema y no según la dignidad de su trabajo, reconociendo sujeto y autor, y en definitiva fin primordial de todo proceso productivo, que esté por encima de cualquier ideología política.

Para todo esto se necesita una reforma profunda del pensamiento moderno, el cual alentado por el espíritu de la codicia, olvida que al hombre le fue concedido el “domino” de las cosas materiales y de la naturaleza y que por tanto no puede ser sometido a los productos político-sociales que se derivan de cualquier poder legislativo.

             A modo de conclusión y con gran esperanza, nos aventuramos a afirmar que la solución del conflicto de la “cuestión social”, básicamente originado por el interés económico de las partes enfrentadas, pasa por crear unos “órdenes” en los que el hombre en tota su dimensión (personal, familiar, laboral y social)se encuadre no en el papel que le asigne el mercado de trabajo o la tendencia política dominante, sino  conforme a su función social, que no es otra que la de cooperador en la construcción del Reino, en el cual no cabe la “injusticia social” ni el conflicto absurdo de clases”.

 

 


La Razón Histórica, nº21, 2013 [90-103], ISSN 1989-2659. © IPS.

 

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