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El deber de participar en la vida cívica.

 

Mario Meneghini.

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Presidente del Centro de Estudios Cívicos de Córdoba. Miembro de la Academia Sanmartiniana (Argentina).

 

Vivimos en una época caracterizada por el desinterés masivo de la ciudadanía en la actividad política. No es un fenómeno exclusivo de algunos países, sino que se verifica en todos los pueblos y en todas las regiones del mundo.

Explicaba don Julio Irazusta[1] que, de todas las actividades, la política es “la más mezclada con la ganga humana”.  En ese ámbito es donde se desatan todas las debilidades y pasiones del hombre. Por eso la califica como “la cenicienta de las actividades espirituales”; de allí que en las mismas sociedades –como la nuestra- donde surgen grandes intelectuales y artistas, sea poco frecuente hallar buenos políticos. La decadencia en la reflexión sobre esta actividad ha llegado al anuncio de la muerte de la ciencia política; y se ha sostenido “que volver a los clásicos del pensamiento político es una tarea indispensable y totalmente vigente para acercarse a la realidad política del presente” [2].

La comunidad humana surge por causas naturales, no por un mítico contrato social, puesto que el hombre es por naturaleza un animal social, y convive con otros hombres para poder satisfacer las necesidades vitales, que no puede cubrir por sí mismo. La naturaleza social del hombre no puede merecer dudas a quien la estudia objetivamente. “Es evidente que en lo concreto no hallamos individuos aparte de la sociedad, ni sociedad aparte de los individuos. En lo concreto sólo hay individuos en sociedad” [3]. Incluso por su estructura física la persona necesita la ayuda de su familia por un tiempo más prolongado que los animales, que pueden sobrevivir solos a poco de nacer. Además, por su característica de un ser espiritual, depende también de la vida comunitaria. “El desarrollo de la vida del espíritu está ligado en todos los aspectos sin excepción a la sociedad”[4]. La antropología cultural muestra que el hombre, en cierto modo, es influido espiritualmente por la tradición social, por las costumbres y actitudes que rigen en la cultura de la sociedad en que vive. La lengua, que diferencia sustancialmente a toda persona de cualquier animal, contribuye a su conformación espiritual. Explica Strauss que la actividad humana importante comienza con una deliberación, para la cual es necesaria la lengua; la acción política requiere la expresión clara del pensamiento [5]

De no cumplir su tendencia social, el hombre no puede utilizar adecuadamente sus instintos. Y por eso, la sociedad, strictu sensu, es exclusiva del hombre; los animales se agrupan instintivamente de un modo determinado que no pueden alterar; incluso de las abejas y hormigas, que poseen una cierta complejidad organizativa, únicamente de modo analógico puede hablarse de una tendencia social. En la sociedad existe un sistema cooperativo, en el que los hombres se complementan mutuamente. Esa cooperación social da por resultado algo que supera la sumatoria de los aportes individuales. La sociología distingue entre las agrupaciones sociales, aquellas que denomina comunidades, que se forman espontáneamente –como la familia y la nación- de las que son constituidas deliberadamente, como el Estado, para las que se reserva el nombre de sociedades. La sociedad política –o sociedad general- que incluye a todas las personas y grupos que conviven en un territorio determinado, configura un entramado de relaciones que posee una organización propia, que limita al Estado para que no exceda de su rol de órgano suyo destinado a promover el bien común y mantener el orden público. Es una unidad de orden, “producto de un fin que le es inmanente y que coordina el comportamiento de sus miembros a través de su libre decisión”[6].

La sociedad política no tiene unidad substancial y no es, por lo tanto, un todo orgánico, pero puede analogarse como contraste con  un todo inerte, pues las partes se unen tendiendo a un fin común[7]. En aquella sociedad de sociedades, se complementan todas las actividades que permiten a los hombres alcanzar su bien; por eso, es fundamental que las partes mantengan su vida propia logrando cierta autonomía en su contribución al bien del todo. De modo que, si una de las partes se debilita, corresponde al gobierno ayudarla o suplir su función para que no decaiga la sociedad y se mantenga el equilibrio social. Las sociedades menores que integran una sociedad política son partes de la misma, que poseen cada una un fin particular, subordinado al fin político, manteniendo la potestad específica que necesita para regir su ámbito de actuación. Si el gobierno político invade o desconoce la jurisdicción de las sociedades inferiores, rompe el debido equilibrio y cohesión, e impide el bien común. Las potestades particulares, subordinadas al Estado, deben funcionar armónicamente en base a dos principios: totalidad y subsidiariedad. Esto es posible cuando la supra ordinación que ejerce el Estado no es despótica, sino política, es decir que consiste en orientar, coordinar y controlar, sin anular la vida propia de las sociedades inferiores.

Por lo ya señalado, dice Aristóteles que quien no necesita nada no integra la ciudad; es “una bestia o un dios” [8]. El gobierno de la comunidad implica que todos quienes conviven son libres e iguales en esencia, pero con cualidades diferentes. Ninguno puede realizar por sí mismo todas las actividades necesarias para la vida, por eso requiere la vida comunitaria para que los hombres se ayuden mutuamente. Sin ella no pueden alcanzar la perfección, en el orden material, intelectual y moral. El bien que persiguen las personas en la sociedad, no lo pueden obtener de la familia ni de los grupos particulares, es el bien común[9]. El bien humano debe ser servido por una serie suficiente de bienes corporales y económicos que tienen, por supuesto, un lugar dentro del contenido del bien común, pero, subordinado a lo más importante: el orden político que le da forma a la comunidad política. El orden político tiene dos características básicas: es jerárquico y es circunstancial[10]. Es jerárquico pues todo orden supone prioridades.  Es circunstancial este orden, porque no es automático; se adapta a las circunstancias según la intelección de la realidad existente, que tiene como clave sociológica a la concordia. Ésta no es simple amistad entre los ciudadanos, sino que es la concordia una forma superior de amistad cívica que implica la confianza recíproca entre los integrantes de una comunidad política, y es parte fundamental del bien común. La concordia política es “un acuerdo del entendimiento práctico respecto a lo que ha de hacerse, respecto a los objetivos a alcanzar para satisfacer las necesidades comunes”[11].

En la actualidad, es habitual considerar a la política como actividad desligada de la moral y poco útil, una especie de mal inevitable, que se superpone a la vida normal de la sociedad. En cambio, la concepción clásica de la política consideraba, como lo indica la frase ya citada de Aristóteles, que quien se abstiene de la vida cívica no es un hombre civilizado. Un cambio tan profundo en la perspectiva se debe a una progresiva degradación de la actividad que analizamos. El Profesor Widow describe este proceso[12], que conduce a un dominio del poder que implica distorsionar el tejido social para facilitar el manejo de una masa de personas indiferenciadas, que ha dejado de constituir una comunidad con identidad propia. De  actividad noble, la política se va convirtiendo  en mera técnica, apta para quien desea adquirir y conservar el poder, utilizado en provecho propio. La sociedad facilita el bien de sus integrantes, especialmente el logro de una vida virtuosa; pero, ésta ya no se entendió del mismo modo, a partir del siglo XIV, y la política dejó de estar vinculada a la moral. Siguiendo los consejos de Maquiavelo, la prioridad de los gobiernos será preservar la unidad política, caracterizada como razón de Estado. Desde el siglo XVII, especialmente en Inglaterra, la autoridad pública debe defender la propiedad privada y la seguridad individual; el gobierno reducido a la función policial, y la libertad como principio moral esencial de  la conducta humana. Casares afirma que, en busca de realismo, Maquiavelo cae en una fantasía individual que carece de rigor científico: en su observación histórica “hay finura genial para captar los rasgos individualizantes, pero no hay ni siquiera la tentativa de desentrañar lo universal recóndito en cada hecho observado”[13].

La consecuencia lógica de este razonamiento es el Contrato Social, mediante el cual, las personas renuncian voluntariamente a una parte de su libertad para asumir la voluntad general que lo obliga a ser libre. Entonces, la política, encarnando el deber ser que representa una ideología, ejerce un poder revolucionario, verdadera ingeniería social para adaptar la realidad natural a un esquema teórico. El Estado moderno no se deriva de la dimensión social del hombre, sino que surge como un aparato artificialmente diseñado para encuadrar el teórico estadio de naturaleza original, lo que conduce a un gobierno despótico para evitar la anarquía, resultado de la destrucción o debilitamiento de los grupos sociales reales[14]. Esto no ocurre porque todo poder tienda a ser absoluto y perjudicial, como pretende la famosa frase de Lord Acton; incluso el llamado poder absoluto de algunos reyes, estaba limitado por las instituciones que se gobernaban con una autonomía que el rey no podía invadir. En realidad, comenta Guardini, el poder recién cobra un sentido determinado, cuando una persona lo convierte en una acción, de la cual es responsable. “Por sí mismo, el poder no es ni bueno ni malo; adquiere sentido por la decisión de quien lo usa”[15].  De hecho, durante muchos siglos la autoridad de los monarcas estuvo compensada y controlada, lo que permitía un margen de libertad. Por eso decía Tocqueville que la existencia de sociedades resulta imprescindible para amortiguar los roces y conflictos entre el individuo y el Estado. Llegó a proponer una conclusión: “Para que los hombres no pierdan su condición de civilizados, o para que puedan serlo algún día, las asociaciones deben prosperar en la misma proporción en que aumenta la igualdad de condiciones”[16].

En forma paralela a los convencidos de esta concepción, pululan los mercenarios que buscan su propio beneficio, colaborando con los líderes mesiánicos. Explica Marcelo Sánchez Sorondo que, debido “al ilegitimo divorcio entre el poder y los mejores, en la confusión de la juerga aprovechan para colarse al poder los reptiles inmundos que, denuncia Platón, siempre andan por la vecindad de la política, como andan los mercaderes junto al Templo” [17]. Se ha llegado a esta situación por un progresivo y generalizado aburguesamiento de los ciudadanos, de acuerdo a la definición hegeliana del burgués, como el hombre que no quiere abandonar la esfera sin riesgos de la vida privada apolítica. Rechaza ser protagonista en el orden social, prefiriendo el rol de espectador sin compromisos.

Lo más triste –señala Widow- es “que al rechazo de la política como compendio de vicios y males, siga la renuncia al intento de restaurarla en su verdadera dimensión humana”. El buen ciudadano se aparta de la vida cívica, “abandonando asqueado ese campo a los que han hecho presa de él” [18].

La política es una actividad moral pues procura el bien integral del hombre; entonces, independizar la política de la moral, conduce a la grave crisis contemporánea ya que deja de importar si los objetivos fijados son coherentes con el bien último mencionado. La distinción entre política y moral  deviene de la desaparición de la filosofía política clásica; si la política persigue intereses que carecen de vínculo con las normas morales, la política se reduce a la lucha por el poder, sin límites éticos ni legales.

Esa actitud pasiva frente al poder distorsionado se explica por las brumas de que se rodea; disimulado, al ser anónimo, se presenta como un simple instrumento  del pueblo. En forma drástica, un autor como Duguit sostiene que se trata de una farsa o una abstracción. “Se afirma que la voluntad general, que en realidad emana de los individuos investidos del poder político, emana de un ser colectivo, la nación, cuyos gobernantes no serían más que órganos” [19].

Habiéndose logrado aceptar la idea ficticia de la soberanía del pueblo, la consecuencia lógica es que si “el poder se funda en la soberanía de todos, la desconfianza no tiene razón de ser, ni la vigilancia objeto alguno, de modo que dejan de defenderse los límites puestos a la autoridad” [20].

En la legislación actual se concede el derecho a todo ciudadano de realizar actividades políticas y a competir por el acceso a cargos públicos electivos (ej. Art. 37-38 CN). Ahora bien, no cabe duda de que a cada derecho corresponde un deber; es más el derecho se justifica en la necesidad de poder cumplir un deber. Aplicando este criterio al tema que nos ocupa, concluimos que todo miembro de una comunidad debe contribuir con el bien común de la misma, y estar dispuesto no sólo a defenderla con las armas, en caso de agresión externa, sino con los sacrificios y aportes que requiera el mantenimiento del orden y la paz social. De allí la advertencia de Ortega: “El hombre que no se ocupa de la política es un hombre inmoral”; agregando, para evitar otro error, “el hombre que sólo se ocupa de política y todo lo ve políticamente es un majadero”[21].

En esencia, política es la conducta humana que procura el bien común de una sociedad. Para despojar este concepto de falsas acepciones, debemos recurrir a la locución politicidad natural, generada por Aristóteles, para quien la actividad política es un bien, valioso en sí mismo, que tiene naturaleza de fin, no de medio. “En efecto, -como afirma Castaño- más allá de la ingente utilidad que trae al hombre, el bien común político, en tanto bien de amistad, de justicia, y de plenitud humana integral (también corpórea), es un bien cuyo ápice y eje lo constituyen exigencias positivas e imprescriptibles de la naturaleza humana[22].

Gran parte de los problemas y frustraciones del mundo contemporáneo se debe a que, a cambio de obtener que el Estado soluciones nuestros problemas, renunciamos al ejercicio pleno de la libertad. Por eso, la libertad cívica exige la participación activa de los ciudadanos. La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario para la vida comunitaria que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y la función que desempeña. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Puede ocurrir, por cierto, que en algunas circunstancias, intervenir en la cosa pública implique avalar una situación injusta. Pero en general, si una proporción considerable de la población, se desentiende de la esfera pública, es difícil que las decisiones gubernamentales sean convenientes a la comunidad.

Abstenerse de toda participación, incluida la simple  emisión del voto cada dos años, implica dejar que el Estado haga –generalmente, de modo defectuoso y oneroso- lo que puede hacer mejor una entidad inferior, mejor preparada para una actividad específica y sometida a un control ciudadano más inmediato; en esto consiste el principio de subsidiariedad ya citado anteriormente.

Santo Tomás sostiene que para la buena constitución es necesario “que todos tengan alguna parte en el ejercicio del poder, pues así se logra mejor la paz del pueblo, y que todos amen esa constitución y la guarden” (S. Th., q. 105, a. 1, resp.). Incluso llega a decir que, si bien “conviene que el gobierno sea de uno, para que sea más poderoso”; “si se inclinare a la injusticia conviene que sea de muchos, para que sea más débil y que unos y otros se impidan; de donde nace que de los gobiernos injustos el más tolerante es la democracia, y el peor la tiranía” (Del gobierno de los príncipes, Libro I, cap. III.).

El rechazo de la actividad política llega al extremo en un autor como Stan Popescu, que considera que: “La política no es una creación divina (…) La filosofía de la política va ligada estrechamente a la teología del infierno”[23].

Estas actitudes han originado incluso una corriente de pensamiento, integrada por intelectuales serios que consideran inmoral participar en política mientras rija el sistema vigente; concretamente, cuestionan el ejercicio del voto en un sistema de sufragio universal, y que los partidos políticos posean el monopolio de la representación ciudadana.

En el plano de las ideas, es lícito preferir otro sistema, pero cuando de hecho queda uno  constituido legalmente, su aceptación es obligatoria, sin perjuicio de procurar su modificación. En el sistema vigente en la Argentina, existen aspectos defectuosos, que en este momento el Congreso procura mejorar. Además, existen otras acciones políticas en las que el ciudadano puede participar, ya sea para defender sus derechos o demandar a las autoridades: 1) declaraciones y manifestaciones públicas; 2) petitorios a las autoridades; 3) audiencias públicas; 4) iniciativa popular; 5) recursos de amparo; 6) asociaciones de consumidores y de usuarios; 7) elaboración y propuesta de proyectos y políticas públicas; 8) revocatoria de mandatos.

Habiendo tratado de describir la difícil realidad, así como las confusiones teóricas, es necesario destacar que no se puede equiparar la política con la magia, creyendo entonces que hasta una actitud decidida para solucionar los problemas. La política es una constante opción entre dificultades. Precisamente, en la actualidad parece imposible la actividad política honesta sin aplicar la doctrina del mal menor, definida por Santo Tomás: “Cuando es forzoso escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquélla se debe elegir de que menos mal se sigue”[24]. Paradójicamente, cuando más necesaria resulta esta doctrina, es cuando más está cuestionada como una defección de lo correcto. Algunos proponen utilizar como fórmula alternativa la de bien posible. En el enfoque aristotélico, “lo posible es aquello que los individuos pueden hacer y depende de su responsabilidad”, aunque siempre respetando los fines de la comunidad[25]. Pero, ocurre que en el mundo moderno, hay una ampliación constante del área de lo posible, que altera el sentido de los fines. Se ha dicho, por ejemplo, que: “Al leer a Marx se tiene la impresión de que su pensamiento estaba guiado por los dos principios siguientes: todo aquello que es deseable es ipso facto posible y todo lo que es posible y deseable es ipso facto necesario. De esto se deduce una tendencia permanente al utopismo”[26].

Aunque resulte curioso, quienes están en las antípodas de una tendencia revolucionaria, apelan con frecuencia a la utopía como excusa para evitar el esfuerzo concreto de mejorar la realidad, conformándose con soñar en un mundo futuro. De esta manera eluden la propia responsabilidad, contribuyendo a que la situación existente se mantenga. Por eso, parece adecuada la expresión eutanasia de la polis, que se produce por la negativa a intervenir, considerando que nada puede hacerse para salvar la vida de una comunidad[27]. Desechan el consejo de Tomás Moro: “Si no conseguís todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal”[28].

Debemos retomar, entonces, el concepto de bien común posible, partiendo de la base de que, confrontada con la utopía, siempre la realidad política nos resultará imperfecta. El profesor Tale nos orienta, al mencionar el bien común optimal, como “el mejor bien común que puede ser logrado en una comunidad política concreta, en las circunstancias históricas y geográficas presentes en ella”[29].

Es habitual quejarse de los malos dirigentes políticos, pero como señala agudamente Ernesto Palacio, el pueblo busca intuitivamente dirigentes que puedan conducirlo. De modo que no es cierto que el pueblo rechace deliberadamente a los mejores, por preferir la demagogia y el populismo. Si no elige a los más capaces y patriotas, es sencillamente porque dichos dirigentes no existen. Un estamento dirigente está integrado por aquellos ciudadanos “que no sólo pueden legalmente llegar a las magistraturas, sino que, por el influjo de que gozan y sus condiciones de preparación y experiencia, están realmente en condiciones de asumirlas y desempeñarlas benéficamente” [30].

Entonces, en conclusión, si como afirma Aristóteles, es “imposible que esté bien ordenada una ciudad que no esté gobernada por los mejores sino por los malos”[31], resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar que accedan al gobierno los más aptos y honestos dispuestos a desempeñar las funciones públicas.

 

Bibliografía consultada

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[1] Irazusta, Julio. “La política…”, 1977, ps. 10 y 11.

[2] Cansino, César. “La muerte…”; 2008, p. 205.

[3] Sturzo, Luigi. “Leyes internas…; 1946, p. 22.

[4] Messner,   Johannes. “Ëtica social…; 1967,  p. 155.

[5] Strauss, Leo. “Que es…”; 1970, p. 110.

[6] Messner, op. cit., p. 188.

[7] Widow, Juan Antonio; “El hombre…”; 2007, ps. 159-162.

[8] Aristóteles. “Política”; 1983, p. 4.

[9] Meinvielle, Julio. “Concepción católica …”;  1974, ps. 36/39.

[10] Brie, Roberto. “El ser nacional…”; revista Verbo, N° 166, setiembre 1976, ps. 25-26.

[11] Lamas, Félix. “La concordia…”: 1975, p. 25-26, y 205.

[12] Widow, op. cit., ps. 98-109, 159-162.

[13] Casares, Tomás. “Conocimiento…”; Buenos Aires, 1983, p. 54.

[14] Ayuso, Miguel. “La cabeza de la Gorgona…”; 2001, ps. 12, 40-43.

[15] Guardini, Romano. “El poder”; 1963, ps. 25-28.

[16] Cit. por: Vallet de Goytisolo, Juan. “Cuerpos intermedios…”; 1981, p. 32.

[17] Sánchez Sorondo, Marcelo. “La clase dirigente…”; 1941, ps. 37-38.

[18] Widow, op. cit., p. 103.

[19] Cit. por: Jouvenel, Bertrand de. “El poder”; 1974, p. 11.

[20] Jouvenel, op. cit., p. 323.

[21] Cit. por: Ayuso, “La política…”; 2007, p. 50.

[22] Castaño, Sergio Raúl. “Defensa…”; 2003, ps. 30 y 33.

[23] Popescu, Stan. “Psicología…”; 1991, p. 74.

[24] “Del gobierno de los príncipes”; Libro I, cap. V.

[25] Coicaud, Jean-Marc. “Legitimidad…”; 2000, p. 218.

[26] Cit. por Coicaud, op. cit., p. 219.

[27] InfoCaótica, 17-8-1916.

[28] Utopía, 1944, p. 64.

[29] InfoCaótica, 12-8-2016.

[30] Palacio, Ernesto. “Teoría…”; 1973, p. 77.

[31] Aristóteles, op. cit., Libro VI, I, p. 182.

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