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El reparto de alimentos en Murcia. Consideraciones sobre la población beneficiaria, sus estrategias de subsistencia y la percepción de su imagen.

 

Rosa María García Navarro.

 

Universidad de Murcia (España).

 

Resumen. La pobreza alimentaria es una forma de pobreza que cada vez afecta más a la población del llamado cuarto mundo. El contexto actual, marcado por las cifras de pobreza y de exclusión social, las condiciones de vida y la precarización laboral, condiciona las situaciones de privación material que tiene como una de sus consecuencias  no poder acceder a una alimentación adecuada. La presencia de los Bancos de Alimentos, constituye una medida que va orientada a intentar paliar las necesidades de alimentación de parte de la población. Esta investigación se centra en el análisis del perfil de las personas beneficiarias del reparto de alimentos en la zona centro de Murcia, así como su evolución,  las estrategias que usan para poder afrontar las situaciones de carencia y la percepción que tienen de sí mismos.

 

Abstract. Food poverty as a form of poverty that is increasingly affecting the population of the so-called Fourth world. The current context, marked by the figures of poverty and social exclusion, living conditions and precarious work, conditions the situations of material deprivation that has as one of its consequences not being able to access adequate food. The presence of food banks is a measure that is aimed at trying to alleviate the food needs of the population. This research work focuses on the analysis of the profile of the beneficiaries of the distribution of food in the center area of Murcia, as well as their evolution, the strategies they use to face the situations of lack and the perception they have of themselves.

 

Sumario. 1. Introducción. 2. Contextualización. 2.1. Evolución de las condiciones materiales en la Región de Murcia. 3. Planteamiento metodológico. 4. Conclusiones y resultados. 5. Bibliografía.

 

1. Introducción

El hambre ha existido desde los albores de la humanidad. Las causas de esta lacra han sido muchas y muy variadas. Históricamente, las guerras, las epidemias y las catástrofes naturales, han sido las principales causas de largos periodos de hambruna, considerada ésta como la carencia grave de alimentos, que casi siempre afecta un área geográfica grande o un grupo significativo de personas.  La historia reciente de Europa no permite hablar de "hambruna" en los mismos términos, con los que nos referimos a las graves carencias que sufren de manera casi estructural otros países.

El fenómeno de la pobreza alimentaria no es nuevo, si bien no radica en la escasez de alimentos como ocurre en otros países o ha ocurrido en otros momentos históricos.  Patel (2008) alerta sobre lo que considera una gran contradicción ya que, a pesar de que la humanidad produce actualmente más alimentos que en toda su historia, más del diez por ciento de la población padece hambre. Esta dificultad y desigualdad en el acceso a los alimentos tiene su origen principalmente en cuestiones meramente económicas.

La implantación de los Bancos de Alimentos como respuesta, no a la escasez de alimentos - puesto que estamos inmersos en una sociedad donde la oferta alimentaria, junto al despilfarro es notoria-, sino a la dificultad de acceso a los mismos por motivos puramente económicos de sectores de población desfavorecidos, no es novedosa.

Esta investigación[1] surge por el interés que suscita la existencia de un recurso creado para cubrir una necesidad básica y elemental, como es la alimentación y  tiene como objeto ampliar el conocimiento del perfil de las personas que acuden a este recurso.

2. Contextualización

En Europa, durante el año 2016, 118 millones de personas (23,5 %) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social y entre ellos unos 40,6 millones de personas (8,1%) no fueron capaces de permitirse una comida de calidad regular cada dos días. Las consecuencias de estas limitaciones no son inocuas, ya que arrastran tras de sí problemas de mala alimentación, desnutrición, y por consiguiente, empeoramiento de la salud.

En este contexto, España se sitúa en valores superiores a la media europea. Durante 2008, el porcentaje de personas en situación de riesgo y de exclusión social era de 23,7% siguiendo una tendencia alcista hasta 2014, momento en que decrece ligeramente, situándose en el 2016 en un 27,9%. En ocho años, la población en riesgo de pobreza y de exclusión social se ha incrementado en algo más de dos millones de personas.  España, por tanto, se sitúa entre los ocho países de la unión europea con las tasas más altas de pobreza y de exclusión social junto a Bulgaria, Rumania, Grecia, Lituania, Italia, Letonia y Croacia.

Uno de los componentes que configuran  la Tasa AROPE [2] es la baja intensidad laboral que es la relación entre, el número total de meses que todos los miembros del hogar, en edad de trabajar, han trabajado durante el ingreso del año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado.

El empleo, en términos positivos, es considerado una de las herramientas para favorecer la inclusión social. En términos negativos, la falta del mismo es, sin duda, uno de los factores que inciden, junto a la vivienda, la salud y  la educación,  en la prevalencia de la  pobreza y  la exclusión social. Existe por lo tanto, “una relación directa entre desempleo y exclusión social” (Zubero, 2006:299).

La tasa de desempleo desde el cuarto trimestre de 2016 ha ido descendiendo pasando de un 18,63% a un 16,55% en el cuarto trimestre de 2017.  Si bien desde el año 2014 se inició un descenso continuado de las tasas de paro, este indicador no ha repercutido de igual manera, en la mejora de los niveles de pobreza, ya que Murcia se sitúa entre las seis comunidades autónomas con las tasa de pobreza y de exclusión social más elevadas, con un  34,8 %.

La falta de empleo, pues, provoca situaciones de empobrecimiento que afecta al conjunto de la población, si bien, determinados colectivos resultan más afectados y los hacen particularmente vulnerables; no cabe duda de que el desempleo puede desencadenar procesos de exclusión social debido a la pérdida de recursos económicos para hacer frente a las diferentes necesidades y por extensión, a la pérdida de redes sociales de apoyo, lo que convierte al trabajo como un “hecho social total” (Meda, 2007).  A pesar de ello, “la creciente precarización del mercado laboral hace que el trabajo  haya perdido parte de su capacidad integradora y se convierta en un factor de exclusión social en el nuevo modelo de cohesión social.”(Manzanera, 2015:24).

La precarización laboral -traducida en términos de condiciones laborales precarias, salarios más bajos, temporalidad en el empleo e incremento de los contratos a tiempo parcial-, el desempleo de larga duración, el incremento de las tasas de pobreza, la disminución de las partidas presupuestarias destinadas a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Empleo y el incremento de hogares sin ingresos, constituyen el panorama general en el que se intensifica la presencia de los Bancos de Alimentos.

 

2.1. La evolución de las condiciones de vida en la Región de Murcia

El impacto de la crisis ha propiciado un escenario cuanto menos desolador, que ha dejado seriamente dañada la economía, el empleo y las condiciones de vida de la población.  En este contexto de situación de crisis económica cuyo origen se remonta al año 2008, aproximadamente, se puede destacar el cambio producido en el perfil tradicionalmente asociado a la pobreza y a la exclusión social, incorporándose aquellos grupos que se encontraban en una situación de integración plena y eran considerados “normalizados”; así “se pone de manifiesto la persistencia de algunos perfiles poblacionales como grupos en riesgo de pobreza y exclusión social, la consolidación de perfiles menos tradicionales, como es el caso de las y los “trabajadores pobres”, asociados a la precariedad y segmentación de los mercados de trabajo, así como la aparición de nuevos perfiles de personas pobres, aquellas que han perdido su empleo y que tienen serias dificultades para acceder a los bienes y servicios básicos” (Ministerio de Sanidad, 2013:9). Es decir, frente a los perfiles clásicos de pobreza, surge la nueva pobreza, a pesar de que algunos autores no la consideran nueva en absoluto, sino más bien un resultado evidente y lógico de la evolución de las políticas públicas sometidas a los dictados de la ideología del neoliberalismo. (Sales, 2015a). La pérdida del empleo y, consecuentemente, la pérdida de la vivienda, han sido algunos de los factores.

La  privación material es la segunda forma más común de la pobreza; este valor pone de manifiesto las dificultades económicas de los hogares. Para el INE (2016) las condiciones materiales de vida, constituye una dimensión de la calidad de vida  y está conformada por tres subdimensiones: las condiciones económicas, condiciones materiales y la seguridad económica.

Las condiciones económicas hacen referencia a los datos sobre la situación económica de los individuos y proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida.

En cuanto a las condiciones materiales hacen referencia a las privaciones o carencias materiales que pueden sufrir las personas y a las condiciones materiales y de acceso de la vivienda. Se incluyen indicadores sobre privación material y privación material severa de determinados bienes (carencia material y carencia material severa), y dificultades para llegar a fin de mes. Los indicadores de carencia material se construyen a partir de un conjunto de nueve ítems. Se considera que un hogar está en situación de carencia material cuando manifiesta carencias en al menos tres de esos nueve ítems, y en situación de carencia material severa si son al menos cuatro ítems.

Otra subdimensión de las condiciones materiales de vida es la seguridad económica, incluyéndose indicadores objetivos tales como: retraso en los pagos, y subjetivos como: la incapacidad de hacer frente a gastos económicos imprevistos que reflejan los riesgos económicos y la vulnerabilidad de los hogares e individuos, así como, su capacidad de reacción y resistencia para hacer frente a situaciones económicas adversas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Nos centraremos en estas dimensiones puesto que son las que dan una visión de la situación por la que atraviesan la población de la Región de Murcia, poniendo en perspectiva la utilización de los Bancos de Alimentos.

El número de hogares en la Región de Murcia que han tenido muchas dificultades en pasar el mes supera siempre a la media nacional.  Las sumas de los subtotales por año para la Región de Murcia, proporcionan la información del porcentaje de hogares que tienen dificultad – en cualquiera de los grados- para poder pasar el mes. El valor más alto corresponde al año 2015, con un total de un 77,6 % de hogares con algún tipo de dificultad para pasar el mes y de un 71,8% para el año 2016. En cómputo general y como valor medio para todo el periodo, se puede estimar que casi  las tres cuartas partes de los hogares, tuvo alguna dificultad para poder pasar el mes, por lo que, solo el 25 %  no tuvo dificultades para hacerlo.

Con respecto a la carencia material, Murcia ocupa el tercer puesto con un 9,2 % precedida de Melilla (13,2%) y de Canarias (10,8%), siendo la media para el conjunto nacional de 5,8%  lo que deja en evidencia la precaria situación de los hogares de la Región de Murcia.

La incapacidad para hacer frente a gastos económicos es un indicador subjetivo de la seguridad económica, una de las subdimensiones de las condiciones de vida. En el año 2016, la Región de Murcia, con un 48 % de población con incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos, se situó en cuarto lugar, por detrás de Ceuta (63,27%), Canarias (61,3%) y Andalucía (52,8%).

Los retrasos en los pagos constituyen el indicador objetivo de la seguridad económica, y tienen en cuenta los retrasos en el pago de hipotecas o alquileres, cuentas de suministros y compras a plazos en los últimos doce meses. En el año 2016 los porcentajes más altos correspondieron a: Ceuta (21,5%), Canarias (16,7%), Castilla- La Mancha (16,6%) y Región de Murcia (14,9%). Vistas las tasas de desempleo y la de las condiciones de vida de la Región de Murcia, no es sorprendente la consolidación de los Bancos de Alimentos en Murcia, para hacer frente a una cada vez mayor precariedad económica.

No solo se puede hablar de situación de exclusión social, sino de situaciones de carencia material severa y con condiciones materiales de vida que confieren gran debilidad a los hogares, ya que los hacen vulnerables a los riesgos económicos, disminuyendo su capacidad de resistencia y de respuesta ante imprevistos.

3. Planteamiento metodológico

La metodología de análisis utilizada para el objeto de esta investigación ha sido principalmente cualitativa.  Para la profundización en el conocimiento del perfil de las personas beneficiarias del recurso se recurrió a las entrevistas en profundidad, tanto a profesionales que gestionan los recursos, como a las personas que acuden al mismo.

Dado el interés central de esta investigación en conocer en profundidad el perfil de la persona beneficiaria del reparto de alimentos con cargo al [3]Programa Operativo del FEAD, los puntos de muestreo  son potencialmente todas las Organizaciones Asociadas de Reparto [4] (OAR)  existentes  en la Región de Murcia, ya que el rasgo principal es el de ser beneficiario de ese recurso. Siguiendo el criterio de accesibilidad, se han entrevistado a doce personas propuestas por los diferentes profesionales entrevistados y vinculados a las OAR y que a su vez, fueron escogidos por su nivel de conocimiento y experiencia en las entidades de reparto.

En el diseño de la entrevista en profundidad dirigidas a las personas beneficiarias del recurso se ha optado por un número de preguntas determinado que, por un lado, aportan la información que se busca, y por otro, que su duración fuera lo suficientemente adecuada para facilitar su cumplimentación. El guión de la entrevista está estructurado en distintos bloques temáticos  dirigidos a obtener un perfil sociodemográfico de la persona entrevistada, a conocer en profundidad su trayectoria y a conocer la autopercepción de su imagen. Se han introducido preguntas orientadas a conocer los factores de exclusión propuestos por Subirats [5] (2005) presentes en las personas seleccionadas. De este modo, se ha realizado un guión de preguntas relacionadas con cada uno de los ámbitos- económico, laboral, formativo, sociosanitario, vivienda, relacional, de contexto espacial y político- que abarcan los factores de exclusión propuestos.

En cada uno de estos bloques temáticos, se ordenan las preguntas orientadas a conseguir la información que se desea obtener, siendo flexible y quedando abierta a la interacción con la persona entrevistada.

En cuanto a la percepción sobre la autoimagen se ha indagado sobre un componente subjetivo tal y como es la consideración que las personas entrevistadas tienen sobre sí mismos y sobre otras personas que acuden al recurso. Ello aporta una visión valiosa acerca de cómo se construye la imagen de la pobreza.

 

4. Conclusiones y resultados

a) Perfil socioeconómico de las personas entrevistadas usuarias de las distintas OAR

Para establecer un perfil en profundidad de cada una de las personas entrevistadas, se realizó un análisis de los discursos efectuados a partir de diferentes dimensiones, como las variables demográficas y los diferentes ámbitos que se tuvieron en cuenta en la elaboración de las entrevistas, tal y como recoge el apartado de metodología y que contemplan las variables relacionadas con la exclusión social: ámbito laboral, formativo, económico, vivienda, sociosanitario, relacional, de contexto espacial y político. En un primer momento, se analizó individualmente el perfil de cada persona entrevistada a partir de su trayectoria vital, y posteriormente, se analizaron los discursos de cada una de las variables estudiadas.

Se aprecia que las tres cuartas partes son mujeres, lo cual coincide en la mayoría de casos en situaciones de monoparentalidad. También se justifica por el hecho de que en la mayoría de ocasiones, las mujeres son las que suelen acudir a este tipo de recursos. A pesar de que el número de usuarios de las OAR se distribuyen por igual en cuanto al género, hay que distinguir entre solicitante y beneficiario, englobándose en este último epígrafe los destinatarios finales de los alimentos, que son todos los miembros de la unidad familiar.

Con respecto al perfil sociodemográfico, destaca la configuración familiar en la que la mitad de las personas entrevistadas se corresponden con familias monoparentales, bien por separación, divorcio o viudedad o por ser madres solteras. Una cuarta parte corresponde a hogares unipersonales o formados por una sola persona, y otra cuarta parte se corresponde con familias compuestas por la pareja, constituidas o no en matrimonio, y los hijos.

En cuanto al ámbito laboral, se consideraron las variables correspondientes  con la trayectoria laboral y la situación actual de las personas entrevistadas. También se consideró la existencia de periodos de actividad laboral sin contrato, que va a repercutir en una mayor vulnerabilidad en el futuro de las personas entrevistadas y el tipo de trabajo ejercido ya que, en la mayoría de casos viene determinado por la formación previa adquirida y condiciona, asimismo, la incorporación a otro tipo de trabajo. También se consideró la situación laboral actual en tres posibilidades: situación de desempleo, trabajando en economía sumergida y pensionista. La posibilidad de encontrarse laboralmente activo con contrato, no se daba en ninguno de los representantes de la muestra. En función de estas variables, se aprecia que la totalidad de las personas entrevistadas ejercen o han ejercido trabajos de baja cualificación, pero que le permitían ingresos suficientes para poder desenvolverse.

Asimismo, es una tónica general el que gran parte de los entrevistados reconocen haber trabajado más que el tiempo que tienen cotizado, bien por desconocimiento o por considerarlo una práctica general extendida por parte de los empleadores. Es decir, casi todas las personas entrevistadas han tenido periodos de actividad en los cuales no estaban contratados o tenían contratos por tiempo inferior al que efectivamente trabajaban. Las edades de incorporación al mercado laboral ocurrieron a edades relativamente tempranas, en función de las edades de las personas entrevistadas que superaban en su mayoría los cuarenta años. El abandono de los estudios y la posibilidad de encontrar empleo a pesar de no estar cualificado, son los factores más fuertemente asociados a la incorporación temprana al mundo laboral.

Las incorporaciones más tardías corresponden a trayectorias de vida vinculadas en la migración, puesto que se inician desde el momento en que se produce la incorporación en nuestro país.

En el supuesto de la migración, la obtención del contrato de trabajo no es solo un medio de vida,  sino que constituye la única vía para obtener la nacionalidad española. La vulnerabilidad de la población inmigrante se ve incrementada en las situaciones de desempleo.

Otro aspecto a considerar en el desempeño laboral es la dificultad de las mujeres para conciliar la vida laboral y familiar, o la interrupción de la vida laboral activa para contraer matrimonio o cuidar de los hijos. Esta dificultad de conciliación afecta igualmente a los hombres que ostentan el cuidado y atención de los hijos

En cuanto al ámbito económico la mitad de las personas entrevistadas tiene ingresos inferiores al SMI.  Cabe recordar que la cuantía que se tomó como referencia es de 655€, lo que deja de manifiesto el nivel de ingresos considerado. La otra mitad tiene ingresos superiores, y una de las personas entrevistadas carecía de ingresos en ese momento, encontrándose en trámite de una prestación social.

La existencia de gastos que superan o igualan los ingresos era una tónica general. En todos los casos no se trata de que el gasto de la vivienda -ya sea alquiler o hipoteca- sea muy elevado, sino que además confluye la existencia de ingresos económicos muy precarios o directamente, inexistencia de ingresos. 

La procedencia de los ingresos, también aporta una perspectiva de la estabilidad o inestabilidad de las diversas situaciones. Así, los ingresos procedentes de prestaciones económicas periódicas, garantizan un mínimo la cobertura de las necesidades básicas, aunque siguen siendo deficientes para poder garantizar la sostenibilidad de las familias, y mucho menos, para proporcionar un mínimo de bienestar.  De otra parte, los ingresos procedentes de prestaciones sociales de tipo no periódico o finalistas, suponen tan solo un paréntesis en las situaciones de precariedad, pero no presentan una solución a largo plazo. La existencia de  trámites y los periodos de resolución, prolongan más las situaciones de necesidad.

El acceso a las distintas prestaciones económicas para garantizar un mínimo la cobertura de necesidades básicas, se convierte en uno de los recursos principales de las familias. La totalidad de las personas entrevistadas han solicitado y accedido a prestaciones económicas de tipo no periódico, con anterioridad.

La precariedad económica y los bajos ingresos obtenidos a través de prestaciones sociales, se ven complementados, en algunos casos, por la realización de actividades laborales no regularizadas, es decir, la economía sumergida. Esta relación también ocurre a la inversa, la inestabilidad de los ingresos obtenidos a través de la economía sumergida y la ausencia de documentación acreditativa, hace posible la solicitud simultánea de prestaciones sociales.

En lo referente al ámbito formativo la mayoría de las personas entrevistadas, por edad, estudiaron en el sistema educativo anterior, en el que la Educación General Básica finalizaba en el octavo curso, cuya correspondencia actual es el segundo curso de la ESO, finalizando con 14 años la escolarización obligatoria. La finalización o la continuidad en los estudios condicionan el momento de incorporación al mundo laboral . Igualmente existe homogeneidad en todo el conjunto en lo referente al tipo de trabajo realizado, tratándose en su totalidad de trabajos no cualificados tales como limpiadoras, peón de construcción, camareras, peón de almacén, peón agrícola, etc., que requieren de poca especialización, lo cual tiene su justificación en la mayoría de casos por los niveles de formación alcanzados. No obstante, aunque la formación puede suponer un factor de inclusión, no garantiza el acceso al empleo o salir de una situación de precariedad.

En lo referente al ámbito sanitario se valoró la posibilidad de acceso a la sanidad de las personas entrevistadas. Se analizó la existencia de dolencias de tipo crónico y que requerían de tratamiento, así como, de la existencia de problemas de ansiedad vinculadas al estado de ánimo. La percepción de cada persona entrevistada sobre su situación de salud, es importante para valorar las limitaciones que ese estado de salud puede suponer a la hora de poder acceder a un trabajo o poder seguir manteniéndose en activo.

La totalidad de las personas entrevistadas disponen de tarjeta sanitaria y cuentan con asistencia sanitaria, por lo que el acceso a la salud no constituye ninguna problemática añadida. Sin embargo, casi la mitad tienen enfermedades de tipo crónico que precisan tratamiento. La situación de salud es también un condicionante que limita y dificulta el acceso a una actividad laboral normalizada, constituyendo una problemática añadida a la precariedad económica. La búsqueda de empleo constituye una dificultad añadida, por lo que, las personas con minusvalía constituyen un colectivo de alta vulnerabilidad en situaciones de precariedad económica.

Los problemas de ansiedad afectaban a todas las personas entrevistadas, teniendo su origen en la precariedad económica que padecen. La precariedad económica afecta a la salud, en cuanto no al acceso al sistema de protección sanitaria, pero sí en el acceso a las medicinas por el coste que suponen para economías frágiles. Se puede concluir que las situaciones económicas de los entrevistados, influyen directamente sobre su estado anímico, tal y como apuntaba Gili (2014), al afirmar que los periodos de recesiones económicas influyen negativamente en la salud mental por diversos factores interrelacionados, entre los que el desempleo y la pobreza, como consecuencia lógica de éste, constituyen los principales factores de riesgo.

En lo referente al ámbito de la vivienda, se tuvo en cuenta el régimen de tenencia y la proporción que suponía con respecto a los ingresos, el gasto destinado a pagar el alquiler o la hipoteca. Asimismo, se señaló  la falta de equipamiento y las condiciones de habitabilidad con deficiencias (humedad, falta de equipamiento, hacinamiento).

En más de la mitad de las viviendas, existen problemas de falta de equipamiento o de condiciones de habitabilidad inadecuadas en mayor o menor grado. La precariedad económica impide la resolución de estos problemas que, en ocasiones, amenaza la salud de las familias. Las condiciones inadecuadas o la falta de equipamiento, afecta por igual a las viviendas en propiedad que a las viviendas en régimen de alquiler.

El ámbito relacional, tiene en cuenta las redes familiares y las redes sociales que constituyen un pilar importante de la inclusión social. En el análisis de los discursos, se pone de manifiesto la importancia que ha tenido el apoyo familiar como factor de protección ante potenciales situaciones de exclusión social. Una gran mayoría de las personas entrevistadas han recurrido a la familia extensa como soporte económico, evitando así una mayor precariedad. El apoyo oscila entre el apoyo económico, el pago de recibos, el apoyo en la alimentación, etc.. 

Las familias extensas constituyen un soporte fundamental en la economía de las familias. Así, se convierten en “amortiguadoras”, tal y como se desprende del análisis de los discursos de los usuarios entrevistados, de los cuales un gran porcentaje de ellos hacen alusión a que, son familiares próximos, a los que recurren en caso de extrema necesidad. De hecho, los usuarios que no recurrían a ellos, era por carecer de familiares o encontrarse estos en situaciones igualmente precarias.

El Informe FOESSA de 2014, destacaba que la fortaleza en las relaciones familiares y vecinales evitaba el riesgo de fractura social, y resaltaba que el capital social y relacional no se está viendo afectado todavía por el deterioro tan significativo en otros ámbitos 

Para otros autores, la amortiguación social, donde el papel de las familias es crucial,  logra rebajar las consecuencias inherentes a la crisis y retrasan la aparición de conflictividad social  que, dadas las circunstancias actuales cabría esperar (Vicent, 2013). De este modo, las personas entrevistadas destacaban el papel fundamental que las familias tenían como paliativo de situaciones económicas muy precarias.

La persistencia de las situaciones de precariedad económica en las familias ocasiona  el debilitamiento de los elementos de apoyo, bien por imposibilidad o por dificultades sobrevenidas en aquellos miembros que otrora fueron soportes.

La existencia de redes familiares o sociales de apoyo se vuelve imprescindible para muchas familias; en el caso de las personas inmigrantes, la naturaleza del propio proceso migratorio implica carecer, en la mayoría de casos, del soporte vital familiar, lo que se traduce en un incremento de la vulnerabilidad de este grupo de población. La existencia de otras redes sociales de apoyo se considera, en ese caso,  fundamental.

La descripción del equipamiento, los recursos, el acceso y la distribución de las zonas de residencia, constituyen un factor importante para valorar las condiciones de vida de las personas entrevistadas. En cuanto al ámbito espacial, todas residían en zonas del casco urbano del municipio de Murcia. El entorno espacial donde residen las personas entrevistadas, no presentan a grandes rasgos circunstancias negativas, siendo barrios con centros de salud, colegios, comercios, transporte y accesible.

El ámbito político hace referencia, en este caso, a la participación por parte de las personas entrevistadas en organizaciones sociales, sindicales y/o políticas. Si bien se entiende la participación “como un elemento clave en el engranaje de la inclusión plena o exclusión relativa que puede padecer determinadas personas o grupos sociales” (Subirats, 2004:31), la no participación en los casos expuestos por las personas entrevistadas tienen su origen en la desafección política, el desinterés y la falta de medios, entre otros, no existiendo mecanismos de expulsión añadidos.

La totalidad de las personas entrevistadas no han participado en ninguna asociación u organización social, política o vecinal. Las expectativas de participación o el interés en una participación futura tampoco son muy elevadas, siendo en este caso, las mujeres las únicas que manifiestan un interés por ello. Junto a la precariedad económica, la salud es un factor que afecta a la participación de aquellas personas que muestran un cierto interés

 

b. Evolución del perfil de beneficiarios del reparto de alimentos

Algunos profesionales entrevistados apreciaban una evolución en el perfil de los perceptores de la ayuda, que ha supuesto que personas que anteriormente tenían recursos suficientes para afrontar  sus gastos de manera autosuficiente, tengan que recurrir en estos momentos al donativo de alimentos para sobrevivir en condiciones mínimas. El perfil inicial de perceptores de alimentos, comenzó abarcando a la situación de pobreza extrema que posteriormente incluyó a las personas inmigrantes con más dificultades que llegaban a la Región. En la actualidad, también se integra a personas que eran hasta ese momento autónomas para su abastecimiento.

Las condiciones socioeconómicas actuales generan un marco de inseguridad, en el que la posibilidades de moverse dentro y fuera de las fronteras invisibles de la exclusión social, pueden afectar a toda la ciudadanía en un momento dado, haciendo alusión a la precariedad en el empleo como un factor de riesgo.

El cambio del perfil de las personas que acuden al recurso para obtener alimentos, produce un acercamiento y una mayor comprensión acerca de la situación por la que atraviesan, pudiendo provocar la identificación entre el profesional que presta la ayuda, con la persona que la recibe.

 

c. La carencia material severa

En el análisis de los discursos, se ha considerado además la existencia no solo de aquellos factores que conforman la exclusión social, sino además, las consecuencias derivadas de la precariedad económica que las personas entrevistadas padecen.

En una primera aproximación, los componentes de la carencia material severa que están relacionados con aspectos básicos de la vida cotidiana, suponen una gran dificultad para todas las personas entrevistadas. No existen grandes diferencias en cuanto al tipo de hogar, estando afectados por igual los hogares de familias monoporentales, los hogares unipersonales y los conformados por la pareja y los hijos.

El resto de componentes, vinculados a cuestiones complementarias y más relacionadas con un cierto nivel de bienestar son más accesibles, a excepción de las vacaciones. Tener una lavadora, una televisión o un teléfono, constituye un equipamiento habitual en la mayoría de los hogares y su adquisición se materializa en los momentos de prosperidad económica, no siendo a priori el mantenimiento de este equipamiento, demasiado gravoso para las familias.        El uso de ordenador, y por extensión, el uso de Internet, si bien no es un artículo de primera necesidad, se ha convertido en una herramienta necesaria en la educación, haciéndolo casi indispensable en los hogares con estudiantes, siendo un gasto ineludible que desplaza a otros considerados más básicos, como la alimentación o mantener la vivienda en condiciones adecuadas de temperatura.

El vehículo se convierte, en ocasiones, en herramientas de trabajo del cual es difícil desprenderse, pero cuyo mantenimiento constituye una carga de difícil afrontamiento para las familias.

La totalidad de las personas entrevistadas tienen dificultad en mantener la vivienda en condiciones de temperatura adecuada, o directamente renuncian a poder hacerlo por sus dificultades económicas. La pobreza energética, es definida como la que tienen los hogares con incapacidad “de pagar energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda” (Tirado, López  y Martín, 2012, p.21),  y afecta en España a más de cinco millones de personas, siendo la Región de Murcia la cuarta Comunidad Autónoma con mayor incidencia de condiciones asociadas a la pobreza energética (Tirado, Jiménez, López, Martín y Perero, 2014). Tras analizar los discursos, se observa que la gran mayoría se encuentra en situación de pobreza energética, puesto que la situación económica de las familias entrevistadas renuncian a parte de su bienestar, sobre todo en lo referente a la temperatura del domicilio, por no poder hacer frente al pago del suministro.

La mayoría de familias recurren a recursos o apoyos externos para poder hacer frente a este tipo de pagos, y en ocasiones, el acceso a los mismos se consigue de manera ilícita, recurriendo al “enganche” del suministro eléctrico.

La dificultad en hacer frente a pagos del alquiler o hipoteca de la vivienda están presentes en la totalidad de hogares, no dándose esta dificultad en aquellos supuestos obvios en los que no existen gastos de este tipo, por estar la vivienda cedida o ya pagada. La inexistencia de estos gastos en algunos hogares no afecta, sin embargo, positivamente en el resto de componentes, teniendo dificultad en cubrir otro tipo de gastos. Esto deja en evidencia la delicada situación en la que se encuentran los hogares con cargas hipotecarias o gastos fijos de alquiler.  

La alimentación es uno de los factores que más se ven afectados, desviando el gasto hacia aquellos otros que son ineludibles y que no pueden cubrirse de otra forma. La forma de alimentarse también se ve modificada, adaptándose a la situación; así, con respecto a la posibilidad de poder comer carne o pescado cada dos días, el 75% de las personas entrevistadas, tenían dificultad en mantener una alimentación equilibrada y, en concreto, el acceso a este tipo de producto. En aquellos casos en los que este ítem no constituye un problema, se debe principalmente a que hay soporte familiar o social que le garantiza el acceso, es decir, que sin la existencia de dichos soportes la satisfacción de ciertas necesidades se vería frustrada.

No obstante, en aquellos hogares en los que se accede a la carne y al pescado, este acceso constituye un esfuerzo económico.

En determinados casos, el autoabastecimiento constituye un alivio para las familias, así como, la capacidad de administrar los escasos recursos disponibles. En otras familias, junto a la administración de los recursos disponibles, el acceso al comedor escolar supone una válvula de escape a esta situación, garantizando al menos la alimentación equilibrada de los menores que acuden al centro escolar.

           

d.  Auto percepción e imagen

Las situaciones de precariedad económica, obligan a las familias a la búsqueda y acceso a los recursos que permitan un mínimo de cobertura de sus necesidades básicas. En lo que respecta a la alimentación, y al tratarse de una necesidad perentoria y básica, la imposibilidad de poder hacer frente a la misma por medios propios, provoca sentimientos de vergüenza, rechazo y fracaso.

La visibilidad de la pobreza, retratada en las colas de las distintas OAR a las que se acude a solicitar alimentos, supone un revés a la autoestima, la propia imagen y la percepción que las personas sufren. Las distintas trayectorias de vida, en las que en muchos de los casos, hay un antes y un después de la necesidad de acudir a recoger alimentos, acusan el deterioro de esta auto percepción. En la mayoría de los discursos se aprecia la vergüenza y la tristeza por precisar de este tipo de recursos, la mayoría relacionados con la incapacidad de hacer frente por sus propios medios para obtener lo que otrora hicieran por sí mismos. En realidad, “la crisis está desestructurando las formas de vida de una forma muy grave para su salud física o mental [...] la situación de pobreza y la pérdida de recursos y derechos no suele ir acompañada de una tendencia a la movilización, más bien de un sentimiento de vergüenza y fracaso y de un hundimiento personal”. (Bayo et al, 2016:128)

La percepción que se tiene de la pobreza es negativa y supone una degradación para el que la sufre. La no identificación de las personas entrevistadas con otros usuarios del mismo recurso, supone una imagen negativa de la pobreza que se ha ido potenciando y que entraña un riesgo de criminalización hacia ciertos colectivos con precariedad económica. No solo existe una imagen peyorativa del pobre, sino que dentro de los que se consideran pobres, a su vez, hay una imagen más denostada de cierto tipo de pobres, reproduciendo un sistema de clases dentro de la pobreza. Por ello, “la clase de los pobres constituye una de las síntesis sociológicas más singulares. Posee una gran homogeneidad, por lo que a su significación y ubicación en el cuerpo social se refiere; pero carece completamente de ella si tomamos en consideración las circunstancias individuales de sus elementos.” (Simmel,  2014, p.83)

Las personas que se encuentran en una  situación de pobreza, ya sea cronificada, mantenida en el tiempo, o sobrevenida por distintas causas, viven inmersas en la misma sociedad que el resto de personas que pueden mantener un nivel de vida adecuado, rodeadas de los mismos mensajes  que alientan e incitan al consumo. Vivir expulsado de la sociedad de consumo, tal y como expresaba Bauman (1999), construye la imagen de la pobreza actual, por lo que “cuando la pobreza conlleva perder la capacidad de elección, cuando no se puede elegir qué comer o qué ropa ponerse, cuando no hay proyectos a medio plazo ni esperanza en que la situación cambie los pequeños “lujos” se convierten en necesidades para mantener la cordura (Sales, 2015b).

Por otra parte, se dan  situaciones en las que la negatividad de la imagen de la pobreza es refrendada por las propias entidades, estableciendo una mirada “en vertical” donde arriba se posiciona quien entrega y debajo quien recibe, creándose un marco de interacción que puede ser asumido por quien solicita la ayuda 

Por otra parte, la idea de asumir la situación de pobreza tiene un coste personal. Existe una imagen negativa de la pobreza en el imaginario de las personas que, de manera fortuita, se ven de pronto inmersas en el otro lado; la no identificación con “el otro” que atraviesa por la misma situación, la pérdida de la imagen de pertenencia al grupo “de los que pueden”, generan sentimientos de vergüenza. De manera invisible, se traza una línea, que “separan un estar-dentro y un estar-fuera que rige la posición de cada individuo según los contextos en los que se desenvuelve su existencia” (Molina, 2014, p.13)

Sin embargo, no todos los discursos apuntaban hacia el sentimiento de vergüenza o fracaso. Por una parte, está la sensación de alivio por parte de quienes ven resuelta una situación que les angustia y consideran el recurso valioso para satisfacer su necesidad. Este alivio, sin embargo, supone el hecho de lo que puede constituir un fracaso del sistema para poder proporcionar un mínimo de bienestar a la ciudadanía

La evolución que tiene la propia imagen de los que hacen uso del recurso de recogida de alimentos se va modificando con el paso del tiempo, sufriendo en la mayoría de ellos una normalización o acomodación a la situación. El nivel de resignación se va incrementando, lo que lleva a reflexionar sobre las posibilidades de abandono de este tipo de recurso que en la mayoría de supuestos, está condicionado a la incorporación laboral o a la mejora de las condiciones económicas de las familias.

 

e. Estrategias de subsistencia

En los discursos analizados, se comprueba las distintas estrategias de subsistencia que realizan las familias para hacer frente a la situación de crisis que viven. La reutilización de mobiliario, la reparación de electrodomésticos, el enganche de la luz en el caso de corte de suministro eléctrico, la disminución en el uso de los suministros para ahorrar en la factura, el suministro de agua de fuentes públicas, la ocupación de viviendas y el alquiler de habitaciones como medio para bajar los costes del alquiler de una vivienda, entre otros. Con respecto a la alimentación, sustituyen algunos productos por otros de más bajo coste; priorizan algunos gastos ineludibles, como el pago de alquiler o hipoteca en detrimentos de otros, como la alimentación, que en este caso es proporcionado por los Bancos de Alimentos. Pero, "que las personas, a nivel individual o conjuntamente en sus hogares o redes sociales, desarrollen sus propias estrategias de subsistencia, no quiere decir que cuenten con la capacidad de solucionar sus problemas" (Bayo et al, 2016, p.128)

El aprovechamiento de los recursos es otra estrategia de la que hacen uso las familias entrevistadas. El uso de los comedores escolares, constituye otro recurso a la vez que estrategia de subsistencia, que permite a las familias proporcionar una alimentación equilibrada y completa a los hijos que acuden a los centros escolares. El autoabastecimiento, es una de las estrategias de algunas familias, como es el caso de la pesca, por ejemplo.

 

Conclusión

De las aportaciones de estas personas, se concluye que el perfil del perceptor de la ayuda no se corresponde exclusivamente con las personas que podrían cumplir con criterios de exclusión. El azote de la crisis ha mostrado que ante estas coyunturas económicas, hay personas y colectivos que disfrutando niveles de inclusión satisfactorios previamente, sufren mayor vulnerabilidad que otros ante estos cambios bruscos del entorno socioeconómico. Entre los supuestos de vulnerabilidad se han encontrado el empleo, la formación y el nivel de ingresos como factores más sobresalientes, aunque deben ser estudiados en conjunto con  otras variables moduladoras. La evolución del perfil de las personas que acceden al reparto de alimentos,  más allá de las variables sociodemográficas como sexo o edad, arroja un resultado tras el análisis que apunta a un incremento de familias de nacionalidad española que se han visto afectadas por la crisis, y que no responden al perfil previo considerado como excluidos sociales.

En cuanto a las situaciones de carencia material severa, casi todas las personas entrevistadas se encuentran en esta situación al no poder ser capaces de hacer frente a imprevistos, tener unos gastos que superan más de la mitad de los ingresos, y en ocasiones, tener comprometidos todos sus ingresos, decantándose por disminuir el presupuesto familiar en alimentación para poder hacer frente a los mismos.

Se ha constatado que la gran mayoría de las personas entrevistadas proceden de trayectorias laborales más o menos estables, con trabajos poco cualificados pero que les ha proporcionado ingresos suficientes para poder mantenerse; la pérdida o la disminución de ingresos ha sido provocada por situaciones prolongadas de desempleo, responsabilizando de esto a la crisis económica persistente.

Con respecto a la formación de las personas entrevistadas, si bien, no se puede extrapolar resultados, se puede aceptar que un bajo nivel académico condiciona la obtención de un empleo de mayor cualificación y, por lo tanto, de mayor remuneración económica, así como, de ampliar las posibilidades de reincorporarse laboralmente. No obstante, no existe en la muestra utilizada, distinción en cuanto a la situación de precariedad económica en función de la formación, aunque del análisis cualitativo se extrae su gran importancia como factor predisponente.

Las familias con un mayor número de menores a cargo, las familias monoparentales y las personas solas tienen mayor vulnerabilidad, y por ello, más dificultades para acceder a los alimentos por sí mismos. Del contraste del tamaño de los hogares con la situación de carencia material, se extrae que el tamaño es una variable muy asociada a la precariedad económica, con la doble perspectiva de que a la vez que puede servir como propiciador de las situaciones de carencia, también puede ejercer su efecto al contrarrestar la influencia de este factor. De hecho, habría que constatar, que las personas en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad suelen encontrarse con escasas redes de apoyo o situación de aislamiento social.

En cuanto a los ingresos económicos, prevalece la ausencia de los mismos o la precariedad económica en el perfil de las personas que acuden al reparto de alimentos. Esta precariedad económica radica, principalmente, en la dependencia de prestaciones económicas de índole social cuya  temporalidad, cuantía y retraso en su concesión, suponen tan solo un paréntesis en las situaciones de precariedad pero no presentan una solución a largo plazo. La dependencia de prestaciones económicas propicia, por tanto, una situación de inseguridad y de vulnerabilidad. También se encuentran los ingresos procedentes de economía sumergida, difíciles de cuantificar y que generan precariedad en tanto que no generan derechos futuros (prestación por desempleo, pensiones, cotizaciones, etc.).

Los niveles formativos superiores y especializados en determinados ámbitos, son un factor protector frente al desfavorecimiento social. No obstante, la formación no garantiza el acceso al empleo, y sobre todo, en momentos de crisis económica en los que el mercado laboral se encuentra reducido. Por otra parte, la existencia de empleo no garantiza la cobertura de las necesidades básicas, la llamada “precarización laboral” afecta a cada vez más trabajadores, bien por la parcialidad de la jornada laboral, la baja cuantía del salario y/o la duración del contrato. Si se puede aceptar que las estadísticas ofrecen datos en los que disminuyen las tasas de desempleo, no es menos cierto que gran cantidad de contratos cumplirían estas características de precariedad.

De lo anterior se concluye, que la formación para el empleo es un factor de mucha importancia para la inclusión social, y aunque sea necesario ofrecerla para dotar de recursos personales a la población, no resuelven del todo las situaciones coyunturales que se vayan sucediendo.

 

A modo de reflexión final

Si se acepta la alimentación como necesidad básica de los seres vivos y en particular del ser humano, y además que los Estados tienen la obligación de garantizar esta necesidad como derecho, deben garantizarla para atender a sus ciudadanos. Esta realidad, aunque con esfuerzos dedicados a ello, no se cumple del todo, lo que supone cierto mantenimiento de situaciones de precariedad.

En términos motivacionales, se puede sostener que los poderes públicos no resuelven la situación de privación alimentaria del todo, y proponen un esfuerzo a las personas más desfavorecidas para lograr las habilidades que les permitan conseguir lo necesario para vivir. La lógica de esta perspectiva consistiría en dotar de las competencias necesarias a estas personas, para que de esta forma perciban que es su autoeficacia y esfuerzo los que se ponen en juego para sus objetivos.

No obstante, entre las personas más desfavorecidas encontraremos a las que no son capaces de conseguir estos mínimos necesarios, por falta de potencial o porque la situación las sobrepasa. Es aquí donde puede surgir la cuestión de la progresividad de la ayuda, por medio de la cual, los más desfavorecidos sean los prioritariamente atendidos. Por otra parte, no es solo por medio de Programas de Ayuda Alimentaria como se logra paliar la necesidad futura de alimentos, sino por medio de otras medidas o políticas paralelas que faciliten la autonomía de las personas para conseguirlos. En este sentido, se llevan a cabo programas de formación desde los Servicios de Empleo y entidades especializadas en atención a colectivos desfavorecidos, atención económica desde Servicios Sociales, políticas de fomento e incentivación del empleo desde diversas instancias, etc.

Y es que, después de más de 35 años de Políticas Sociales en España, las dificultades de acceso a los alimentos siguen siendo de actualidad entre la población. En definitiva, se podría concluir que las crisis económicas no hacen más que agravar problemas de exclusión social que ya existían anteriormente.

 

Referencias

Bauman, Z. (1999). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.

Bayo et al. (2016). La desposesión de la vida cotidiana. Informes de Economía nº 11. Barcelona: Seminari d`economía crítica TAI   FA.

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Hernández Pedreño, M. (2014) (dir.). Evolución de la exclusión social en la Región de  Murcia: repercusiones sociales de la crisis. Murcia: Universidad de Murcia.

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Patel, R. (2008). Obesos y famélicos. Globalización, hambre y negocios en el nuevo sistema alimentario mundial. Buenos Aires: Marea Editorial.

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Simmel, G. (2014). El pobre. Madrid: Sequitur.

Subirats, J. (dir.) (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Colección estudios sociales nº 16. Barcelona. Fundación la Caixa.

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Tirado, S., López, J.L., Martín, P. (2012). Pobreza energética en España. Potencial de generación de empleo directo de la pobreza derivado de la rehabilitación energética de viviendas. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales.

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WebGrafía

- Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) http://ec.europa.eu/eurostat/

- Instituto Nacional de Estadística:  www.ine.es

- Fundación Foessa: www.foessa.es

 

 



[1]  Esta investigación se enmarca dentro de la Tesis Doctoral “Política Social del Hambre. Estudio sobre la eficacia del Programa Operativo de  Reparto de Alimentos de la Región de Murcia”

[2]  El término AROPE (del inglés a Risk of Poverty and/or exclusión- Tasa de Riesgo de Pobreza o Exclusión Social)  recoge no solo el nivel de ingresos, sino además, la privación material y la intensidad de trabajo baja.  Este indicador fue creado en el marco de la Estrategia Europa 2020,  para unificar los conceptos de pobreza y exclusión social a nivel  europeo, lo que permite hacer comparaciones entre  los distintos países.

[3] En el marco de la Estrategia 2020, de reducir en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, en el año 2014 se estableció el Fondo de Ayuda Europea a las personas más Desfavorecidas, regulado por el Reglamento de la Unión Europea 223/2014 de 11 de marzo. Su objetivo principal es el de reforzar la cohesión social, y contribuir a reducir y a erradicar la pobreza, mediante el apoyo a los programas nacionales que prestan ayuda no financiera al objeto de paliar la falta de alimentos, la privación material severa y/o contribuir a la inclusión social de las personas más desfavorecidas. La aprobación del Reglamento que regula el FEAD, conllevó la preparación y presentación de los Programas Operativos por parte de cada uno de los Estados miembros para llevar a cabo las disposiciones previstas, que, en el caso de España, fue aprobado el 17 de diciembre de 2014. 

[4] Con respecto a las Organizaciones Asociadas, el Reglamento del FEAD se refiere a éstas como “organizaciones sin ánimo de lucro” que entreguen los alimentos y/o cuando proceda, la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, junto con medidas de acompañamiento, directamente o a través de otras organizaciones asociadas, o emprendan actividades encaminadas directamente a su inclusión social. (Art. 2.3). Las Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR) entregan directamente los alimentos a las personas más desfavorecidas, bien mediante entrega de lotes de comidas, o mediante la elaboración de comidas preparadas para ser consumidas en sus instalaciones, denominándose como “unidad de consumo”; a este tipo corresponde las entidades del tipo de comedores sociales, residencias de ancianos, casas de acogida o comunidades terapéuticas, entre otros.

[5] Este autor propone un sistema de indicadores de exclusión basados en la existencia de distintos factores que, desde ocho ámbitos de exclusión diferenciados entre sí, pero totalmente interrelacionados, actúan e influyen sobre la exclusión social. 

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